Por instrucción directa del presidente Abelardo De La Espriella, el INPEC ejecutó el traslado urgente de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil, vinculadas a procesos de paz en distintas regiones del país.
Los internos fueron reubicados en establecimientos de máxima seguridad en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. La medida busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y cortar cualquier posibilidad de coordinar o fortalecer actividades ilícitas desde los centros de reclusión.
Es una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno para recuperar el control total del sistema carcelario, garantizar el cumplimiento de la ley y respetar las órdenes judiciales. “Ejerceremos la autoridad dentro del marco constitucional: nadie usará las cárceles como base del crimen, y todos responderán con todo el peso de la ley”, advirtió el Ejecutivo.
