El presidente de Asotranscol, Francisco Pupo, informó sobre el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que determina que el Área Metropolitana no tiene competencia para fijar los sistemas de recaudo integral del denominado Sistema Integrado de Transporte (SiBUS). Esas facultades corresponden al Ministerio de Transporte y a los entes territoriales; el Área Metropolitana no cuenta con delegación alguna ni es una entidad territorial propiamente dicha, por lo que habría incurrido en usurpación de funciones y creado “impuestos disfrazados” que constriñen a las empresas de transporte público colectivo. El Tribunal declaró la ilegalidad y nulidad de las resoluciones y actos administrativos expedidos, por violación de la Constitución y la ley.
Explicó Pupo que la normativa establece que los sistemas de transporte masivo se financian con cofinanciación: el 70 % a cargo del Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Transporte —como ocurrió con Transmetro— y el 30 % restante con recursos propios de los entes territoriales, provenientes del impuesto predial, industria y comercio, sobretasas, multas y sanciones de tránsito. Transmetro es una empresa 100 % pública del Distrito de Barranquilla; en cambio, las 23 empresas de transporte colectivo que operan en la ciudad son privadas y se rigen por el Decreto 170, por lo que no pueden ser obligadas a entregar recursos para el SiBUS, medida que calificó de inconstitucional e ilegal.
Precisó el dirigente del transporte que el SiBUS solo puede integrar sistemas como Transmetro, financiándose con recursos distritales y no con aportes de las empresas privadas de transporte colectivo. Recordó que el Consejo de Estado ya cuenta con más de cinco pronunciamientos reiterativos que confirman que las áreas metropolitanas no pueden crear tributos ni administrar recursos del transporte masivo, al no tener la calidad de entes territoriales. Agregó que la figura del FET también se verá afectada, a la espera del fallo del Juzgado 12 en los próximos días.
Finalmente, anunció que además de respaldar las nulidades judiciales, presentaron denuncias penales ante la Fiscalía por constreñimiento y presunta extorsión en contra del director de la entidad metropolitana. Exigió que los responsables respondan patrimonialmente por los cientos de miles de millones de pesos que, según su criterio, han sido indebidamente retirados a las 23 empresas del transporte público colectivo de Barranquilla.
