En cumplimiento de la Ley 951 de 2005, que establece la obligación de realizar un proceso de empalme transparente y responsable entre gobiernos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó el informe de empalme en el que se expone el estado de las finanzas públicas, los principales resultados económicos alcanzados durante el cuatrienio y los retos fiscales que deberá asumir la próxima administración.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, junto a su alto equipo de trabajo y directivas de entidades adscritas y vinculadas a ese sector, presentó de manera oficial el informe de gestión durante la sesión de empalme que se realizó para el pueblo colombiano.
La Ley 951 de 2005 establece la obligatoriedad de entregar y recibir formalmente la administración pública mediante informes, actas y un proceso de empalme transparente y responsable.
Las sillas vacías del Comité de Empalme del Gobierno entrante no fueron impedimento para contarle al país cómo quedan las finanzas públicas, cuáles fueron los principales retos que tuvo que sortear la actual administración y cuáles los logros de una política pública enfocada en superar la desigualdad social en Colombia.
El informe muestra los resultados macroeconómicos, que reflejan un crecimiento económico sostenido, superando el pronóstico para América Latina, disminución de la pobreza y la desigualdad. El desempleo a niveles históricos, llegando a 8,1%, la inflación general pasó de 13,3% en 2022 a 5,8% en junio de 2026, y la de alimentos se redujo del 27% al 5% mejorando así el ingreso de las familias colombianas, su capacidad adquisitiva y calidad de vida.
El informe revela en detalle como el gobierno saliente priorizó recursos para garantizar derechos como educación, salud, defensa, trabajo y protección social beneficiando así a sectores vulnerables.
La transición económica disminuyó la dependencia de sectores extractivistas y con bajo aporte al empleo, y potenció otros sectores, cuyo crecimiento acumulado de 2023 a 2025 superó las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), como sucedió con el sector de agricultura y ganadería, arte y entretenimiento, actividades financieras e inmobiliarias y en administración pública, educación y salud.
Asimismo, la variación del salario mínimo acumuló un crecimiento de más de 30 pp en los 4 años del gobierno del Cambio, y pasar al salario mínimo vital que establece el artículo 53 de la Constitución para garantizar una vida digna al trabajador y su núcleo familiar, mejoró notablemente la capacidad adquisitiva del salario mínimo y la calidad de vida de millones de hogares colombianos.
En materia de deuda externa, al cierre de 2025, la deuda neta del Gobierno nacional Central se redujo en 2,2 pp del PIB frente a 2020. La estrategia permitió estabilizar el crecimiento nominal de la deuda bruta en línea con gobiernos anteriores, pasando así de 76,97% en el gobierno Duque a 43,97% bajo la actual administración. Además, se canceló la deuda adquirida por el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque la economía mostró un crecimiento sostenido y un balance favorable, pese a que no se materializaron reformas esenciales, la crisis fiscal del país se sostiene, y la negativa del Congreso a aprobar incrementos presupuestales y dos proyectos de ley de financiamiento, obligan al Gobierno nacional a presentar un proyecto de reforma tributaria el próximo 20 de julio, cuando inicia el nuevo periodo legislativo.
La iniciativa busca ampliar el recaudo de manera progresiva en los próximos años. El objetivo es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin trasladar la carga tributaria hacia los hogares más vulnerables ni afectar la canasta básica de las familias colombianas.
El proyecto propondrá medidas que requieren un esfuerzo fiscal mayor por parte de los sectores de mayores ingresos y buscará mecanismos para distribuir de forma equitativa el esfuerzo contributivo, preservando la protección social y la estabilidad económica en el mediano y largo plazo.
El Gobierno cierra con un balance favorable, mejoras sustanciales en la realidad de sectores vulnerables, y mantiene algunos desafíos que tendrán que ser asumidos con seriedad por el gobierno entrante, ojalá en concordancia con los avances sociales, la reforma agraria y una agenda pública orientada a mejorar la redistribución de los recursos del Estado para cerrar la brecha de la desigualdad y superar la injusticia social en Colombia.
