La diputada del Atlántico Draisa Rosas formuló una fuerte denuncia sobre presuntas prácticas irregulares de cobro: en las últimas semanas el Distrito de Barranquilla ha liberado entre 15.000 y 30.000 embargos que se habrían aplicado sin la debida notificación. Muchas víctimas son personas que ganan el salario mínimo, a las que incluso les han retenido su prima de servicios, nómina, recursos de vivienda y cuentas de baja cuantía.
“Hablan de paz, pero son los primeros en actuar de forma ilegal, bloqueando el dinero con el que la gente honesta sobrevive”, afirmó la parlamentaria. Advirtió que estas medidas profundizan las brechas sociales, la desigualdad y pueden empujar a la población a situaciones límite, al tiempo que señaló el fracaso de las políticas públicas que castigan al trabajador en lugar de protegerlo.
También se refirió a los comparendos y fotomultas irregulares: aunque la Superintendencia ya ordenó su anulación, muchas personas siguen con sus cuentas embargadas pese a tener la resolución favorable. Criticó que los organismos de tránsito de Barranquilla, el departamento, Galapa, Soledad y Puerto Colombia continúen estas prácticas, que a su juicio explican por qué la región se mantiene entre las tres zonas con mayor pobreza monetaria del país.
Explicó que la ley tributaria solo permite embargar bienes superiores a 46 salarios mínimos, mientras que los afectados devengan entre uno y tres salarios, por lo que estas medidas serían nulas de pleno derecho. Anunció que trabajará con un equipo jurídico para detener los abusos, indagar si los funcionarios responsables cumplían con los requisitos de idoneidad —y si no los cumplían, solicitar la anulación de todos los procesos— y revisar los cerca de 89.000 embargos registrados en el nivel departamental.
Finalmente, recordó que presentó una proposición para citar al secretario de Tránsito y Transporte, pero aún no ha recibido respuesta ni fecha para la audiencia, en la que también exigirá explicaciones por la ausencia de campañas de prevención vial en la región.
