En un paso decisivo para la protección de los ecosistemas estratégicos del país, el ministerio de Ambiente declaró la Zona de Reserva Temporal de Recursos Naturales Renovables en el Páramo Almorzadero, una medida que blinda más de 151.000 hectáreas de este territorio fundamental para la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad de los santanderes. La decisión busca garantizar el acceso al agua para más de 180.000 habitantes que dependen de este ecosistema.
La declaratoria, formalizada mediante la Resolución 460 del 13 de mayo de 2026, responde a los compromisos adquiridos con las comunidades campesinas del territorio y reconoce su papel fundamental como guardianas del páramo. El Gobierno reafirma así su apuesta por un modelo de protección ambiental construido desde las regiones, con participación activa de quienes habitan estos espacios.
Al respecto, la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, recalcó que con esta medida el Gobierno del presidente Gustavo Petro está cumpliendo un compromiso asumido con la región en el 2024.
“Hoy cumplimos con un compromiso asumido con el campesinado en 2024, a través de la declaratoria de esta Zona de Reserva Temporal en el Páramo Almorzadero. El páramo es un territorio hídrico del que depende su biodiversidad endémica, así como las actividades tradicionales de campesinos y campesinas, y el aprovisionamiento de agua de las poblaciones vecinas”, destacó.
Agregó que con esta resolución se avanza en la construcción de confianza para la protección ambiental y la defensa de los derechos de las comunidades en Santander y Norte de Santander.
El Páramo Almorzadero, ubicado en la Cordillera Oriental y con presencia en 17 municipios, constituye además un corredor ecológico que conecta con otros complejos de páramo como el Cocuy y Santurbán-Berlín.
La medida también ratifica uno de los puntos centrales acordados tras la movilización campesina del 21 de octubre de 2024: la prohibición de actividades mineras en el páramo.
Durante la vigencia inicial de cuatro años —prorrogable por dos más— no se permitirán nuevas concesiones mineras ni la expansión de la frontera agropecuaria, fortaleciendo así las garantías de conservación del territorio.
Al mismo tiempo, la resolución protege las prácticas tradicionales de las comunidades, al permitir la continuidad de actividades agrícolas, pecuarias y turísticas ya existentes, siempre que se desarrollen bajo principios de sostenibilidad.
También se reconoce el aprovechamiento forestal doméstico y la pesca de subsistencia como parte de los modos de vida que conviven en equilibrio con la naturaleza.
Con esta decisión, el Gobierno nacional envía un mensaje claro: la protección del agua, la vida y los derechos de las comunidades es una prioridad que se construye desde los territorios y con la gente.
