El ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond Baquero, expresó profunda preocupación por el alcance del Decreto 765 de 2026, al considerar que autoriza la transferencia acelerada de predios rurales administrados por la SAE a la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, incluso cuando aún cursan procesos de extinción de dominio .
“La reforma agraria no puede construirse sobre saneamientos apresurados, cancelación anticipada de cargas o entrega de bienes con situación jurídica incierta —señaló—. El campo requiere tierra productiva, pero también reglas claras, respeto al debido proceso y protección equitativa a campesinos, propietarios, terceros de buena fe y víctimas del conflicto” .
El Gobierno entrante revisará íntegramente la norma para garantizar que la política de tierras avance dentro del Estado de Derecho y con plena seguridad jurídica. Su propósito es que esta política genere confianza, atraiga inversión, eleve la productividad y consolide la paz, en lugar de abrir nuevas controversias o conflictos sobre la propiedad rural.
