Los pasillos de la Universidad del Atlántico vuelven a oler a la vieja y rancia política que por décadas ha desangrado a la educación superior del Caribe. Lo que debía ser una jornada histórica para dignificar el rol de quienes sostienen la academia terminó convertido en un burdo escenario de dilaciones.
El pasado jueves 9 de julio, un par de miembros del Consejo Académico de la institución, liderados por Álvaro González, vicerrector de regionalización, prefirieron darle la espalda a la formalización laboral de sus profesores, dilatando un debate técnico que lleva más de 10 meses de concertación con los gremios sindicales y dejando en evidencia que los intereses electorales pesan más que la calidad educativa de 24.000 estudiantes.
La propuesta bloqueada en la más reciente sesión, por solo un par de miembros del Consejo Académico, de manera sospechosa, contempla la creación de un concurso público para vincular a 100 nuevos profesores de carrera para las diez facultades antes del 31 de diciembre.
Después de consultar a varios líderes de la comunidad universitaria y líderes de las organizaciones sindicales de los mismos docentes se puede concluir que el proceso con los profesores no es un capricho de la rectoría; es el cumplimiento estricto del Decreto 0391 del Gobierno Nacional, una norma diseñada para reducir la precarización laboral en las universidades públicas del país. Para ello, el Ministerio de Educación ya garantizó una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos.
Para los directivos de los sindicatos de profesores más grandes de la universidad la negativa de parte de dos miembros del Consejo Académico constituye una clara estrategia de bloqueo por parte de sectores tradicionales. El objetivo es frenar a como dé lugar la gestión de la actual administración liderada por el rector Rafael Castillo Pacheco y evitar que consolide este hito laboral antes de que el mapa político cambie y las fuerzas de derecha recuperen el control absoluto del presupuesto de la universidad.
Los que están en contra de este avance en la dignificación del rol docente, le apuestan al desgaste y al vencimiento de los términos del decreto en el año 2027 para mantener el manejo de la contratación a dedo y continuar usando las plazas docentes como moneda de cambio electoral.
Una deuda de diez años bajo la sombra del clientelismo
La urgencia del debate no es menor. La Universidad del Atlántico completa una década sin convocar a un concurso público de méritos para docentes de carrera. Actualmente, la institución cuenta con cerca de 1.480 profesores, pero la realidad laboral es alarmante: apenas 358 pertenecen a la carrera profesoral.
El resto, más del 75% de la planta, sobrevive bajo modalidades de contratación ocasional o de cátedra. Es un ejército de profesionales que lleva 10, 15 y hasta 20 años en la informalidad, sin estabilidad y firmando contratos a término fijo que cercenan los procesos de investigación a largo plazo.
La crisis de la planta docente en Uniatlántico no es nueva, sino el resultado de un desmantelamiento progresivo. Walberto Torres, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU), declaró de manera pública la política de aplazamiento impuesta en los órganos directivos para sabotear la expedición de la resolución de convocatoria.
A pesar de que la actual administración ha hecho todo lo posible para concretar este proceso histórico, los sectores de oposición han implementado una estrategia de «relajamiento» y trabas administrativas con un único fin: evitar que los docentes pasen de contratos civiles precarios al pleno reconocimiento de sus derechos laborales y constitucionales.
«Esto es un sabotaje. A un profesor con contrato de prestación de servicios, si no le busca 50 votos al político o al candidato de turno, lo botan al siguiente semestre, como pasaba en anteriores administraciones. No puede ser que la estabilidad de la academia dependa de un chantaje electoral. Por fin hay una administración dispuesta a concretar la formalización y no la han dejado trabajar», aseguró el presidente de ASPU.
Esta concertación no surgió de la noche a la mañana. Detrás del documento radicado hay un acumulado de meses de mesas técnicas de trabajo entre la administración central y las organizaciones sindicales, espacio exigido legalmente para garantizar que el proceso sea transparente, blindado y concertado directamente con las bases trabajadoras que conocen las verdaderas grietas del sistema actual.
El rigor técnico del plan: las dos fases que asustan a los clanes
Frente a las críticas y los intentos de sabotaje, las directivas académicas han defendido el blindaje y la rigurosidad científica de la propuesta. Directivas de la Universidad nos entregaron detalles claves sobre cómo se estructuró este plan de formalización profesoral, el cual está estrictamente alineado con las políticas nacionales de educación superior para erradicar el empleo informal en los claustros públicos.
La administración diseñó el programa bajo un esquema estricto dividido en dos grandes fases:
«La primera fase fue el diagnóstico que la universidad hace de su planta docente: cuántos profesores hay, cuántas necesidades hay y cuáles son los profesores que están por fuera de la carrera docente por áreas, por facultades y por programas. Todo ese material sirvió de diagnóstico para crear la convocatoria del concurso público», detalló Fernando Cabarcas, decano de Ciencias Económicas de la institución.
La selección se regirá por un análisis minucioso y riguroso de las hojas de vida de los aspirantes. Para ser seleccionado en una de las plazas, los candidatos deberán superar una evaluación estricta de sus perfiles académicos: se calificarán sus estudios de doctorado y maestría, sus publicaciones científicas indexadas, sus capacidades probadas de investigación y su experiencia docente acumulada.
Sin embargo, el concurso también tiene un sentido de justicia histórica, está diseñado para reconocer y rescatar la profunda vocación docente de cientos de profesores que han estado vinculados de manera informal y desprotegida por el sistema durante décadas.
Esa postura en favor de los méritos y la estabilidad es respaldada de manera tajante por los estudiantes, quienes identificaron las dilaciones en la aprobación del Plan de Formalización Docente como un golpe a su formación.
“La formalización docente es un mecanismo con el que podemos seguir dignificando la labor de nuestros profesores. Es la forma en la que los estudiantes tengamos docentes de calidad, para que la universidad siga creciendo, transformando y sobre todo sigamos dignificando el rol de lo que implica ser profesor en la universidad pública más importante de la región», enfatizó José Marchena, representante estudiantil ante el Consejo Académico.
El temor a perder el control del «bolígrafo»
El impacto de este proyecto transformaría de raíz la calidad del alma mater. Al pasar de una planta informal, compuesta por profesores contratados y tiempos completos ocasionales que llevan hasta 20 años bajo incertidumbre laboral, a docentes de carrera con estabilidad garantizada, la universidad ganaría un cuerpo profesoral dedicado por entero a la investigación de vanguardia, la docencia de alta calidad y la extensión comunitaria. Esto le permitiría a Uniatlántico conquistar los estándares internacionales que se ha trazado en su visión de futuro.
Ese, precisamente, parece ser el trasfondo técnico que tiene alarmados a los clanes locales que ven a la Uniatlántico como un fortín electoral. Los mismos sectores tradicionales que con ‘jugaditas’ en el Consejo Académico quieren aguantar el proceso con trabas administrativas, ausentismos y tecnicismos jurídicos inventados a última hora. Saben que a la actual administración le corresponde blindar laboralmente al profesorado con estos altos estándares de calidad antes de que las fuerzas políticas tradicionales recuperen el control absoluto del presupuesto y de la contratación en el nuevo mapa político.
Si el concurso se embolata y se vence el cronograma técnico, las 100 plazas de planta se perderán o, peor aún, seguirán siendo usadas en el futuro como moneda de cambio para acomodar a dedo a los amigos de los de turno.
Los sindicatos y defensores de la autonomía universitaria se declararon en alerta ante lo que consideran un «saboteo anunciado»; y los docentes de la institución siguen esperando que el Consejo Académico atienda, por fin, la dignidad laboral que el Caribe les debe desde hace más de una década.
Hasta ahora las medidas impuestas por el Ministerio de Educación, incluida la actual rectoría, muestran estabilidad y avances en algunos sectores. Sin embargo, el pulso por el control de la Universidad del Atlántico está más vivo que nunca, y los platos rotos los siguen pagando las aulas de clase y la calidad de la educación. Y ahora los profesores a los que se les quieren negar mejores condiciones laborales.
