En constancia presentada ante el pleno del Concejo Distrital, el cabildante Alexis Castillo formuló una grave denuncia pública que elevará de manera oficial ante la fiscalía general de la Nación y la Contraloría General de la República: calificó al ICBF Regional Atlántico como un “nicho de corrupción” que afecta directamente a más de mil niños en Barranquilla y todo el departamento.
Señaló que numerosas familias y menores no reciben atención adecuada, y más de 100 madres comunitarias siguen sin ser contratadas, dejando sin comida ni educación a la niñez de los sectores más vulnerables. Agravando la situación, denunció el caso de una fundación que atiende a menores con discapacidad y trastornos mentales en un albergue de Sabana Larga: allí han fallecido dos niños sin que se haya entregado informe oficial alguno, y existen reportes preliminares de presuntos abusos.
“Son los menores que el Estado debe proteger, porque no cuentan con familiares que los respalden; nadie puede quedar indiferente ante esto”, enfatizó. Advirtió que si a partir del martes no se resuelve la atención a estos niños, se encadenará a la puerta de la sede regional hasta que la directora encargada dé explicaciones claras. Criticó que la funcionaria, designada por el gobierno nacional y perteneciente al Pacto Histórico, evita dar la cara ante la opinión pública y los medios, y cuestionó si esto responde a contratos a dedo o cuotas políticas.
Exigió respuestas concretas: cuántos menores en condición de vulnerabilidad, abandono o discapacidad atiende el programa, su procedencia, quién los custodia, las causas de muerte de los dos menores, la existencia de informes periciales y el lugar donde fueron sepultados, al ser el Estado quien debía actuar como su doliente.
Finalmente, pidió al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella que durante el empalme territorial ponga especial atención al ICBF del Atlántico: “Aquí están pasando cosas macabras que requieren revisión inmediata”, concluyó, respaldando su denuncia en información preliminar aportada por funcionarios de los propios programas.
