Barranquilla atraviesa uno de los momentos más complejos en materia de seguridad. La extorsión, el sicariato, el narcotráfico y el reclutamiento de menores continúan golpeando a los ciudadanos, mientras el Gobierno Nacional sigue sin ofrecer resultados contundentes frente al crimen organizado.
Las recientes revelaciones de audios atribuidos al entonces alto comisionado para la Paz, en los que se escucha una conversación con un presunto cabecilla de una estructura criminal haciendo referencia a *“jugar al congelado”* (expresión interpretada como un acuerdo para reducir confrontaciones entre la Fuerza Pública y grupos armados durante un proceso de acercamiento) han generado serios cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad del Gobierno Nacional y el alcance de la denominada *“Paz Total”*.
A ello se suman las discusiones que surgieron alrededor de eventuales solicitudes relacionadas con cambios en mandos militares como parte de gestos dentro de esos procesos de diálogo, hechos que han incrementado la preocupación de distintos sectores políticos y de la opinión pública sobre la conducción de la política de seguridad del país.
Mientras el Gobierno Nacional impulsaba esa estrategia, las organizaciones criminales aprovecharon para fortalecerse, ampliar sus economías ilegales y extender su control sobre diferentes territorios. Hoy los colombianos, y particularmente los barranquilleros, sufren las consecuencias de esa realidad.
Sin embargo, es importante hacer una precisión jurídica. La Constitución Política también es clara. El artículo 189, numerales 3 y 4, dispone que *corresponde al presidente de la República dirigir la Fuerza Pública como comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y conservar el orden público en todo el territorio nacional*. Asimismo, el artículo 223 establece que únicamente *el Gobierno Nacional tiene el monopolio sobre las armas* y autoriza su porte conforme a la ley.
Tanto es así que la ley al referirse el papel de los alcaldes especifica: *Los alcaldes no son Fuerza Pública ni tienen el mando sobre ella*. El literal b) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 establece que los alcaldes deben conservar el orden público de conformidad con la ley y *siguiendo las instrucciones del presidente de la República* y del respectivo gobernador; por tanto, no poseen autonomía en el mando de las fuerzas armadas o de policía.
Por eso, resulta equivocado trasladar exclusivamente a los mandatarios locales la responsabilidad por el deterioro de la seguridad. *La dirección de la política de seguridad y el mando sobre la Fuerza Pública recaen constitucionalmente en el Gobierno Nacional*.
Barranquilla, lejos de permanecer inmóvil, ha realizado importantes inversiones para respaldar la labor de la Policía y las Fuerzas Militares. Con el apoyo del Concejo Distrital, la administración ha destinado recursos para construir *nuevas estaciones de Policía, fortalecer la dotación, incorporar tecnología y mejorar las capacidades operativas* de quienes enfrentan diariamente a la delincuencia.
El Distrito ha cumplido con su responsabilidad de apoyar institucionalmente a la Fuerza Pública. Ahora *corresponde al Gobierno Nacional responder por los resultados de una política de seguridad que, a juicio del concejal Michael Flórez, no ha logrado contener el crecimiento de las estructuras criminales ni garantizar la tranquilidad de los ciudadanos*.
“Barranquilla necesita un Gobierno Nacional que respalde decididamente a nuestra Fuerza Pública, fortalezca la inteligencia, persiga a las organizaciones criminales y devuelva la seguridad a los ciudadanos. *Los barranquilleros no pueden seguir pagando las consecuencias de una estrategia que no produjo resultados*”, concluyó el concejal Maicol Flórez.
