El excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, elevó un llamado de trascendencia institucional y nacional: sostiene que si el presidente electo, Abelardo De La Espriella, no renuncia a su condición de ciudadano estadounidense —y no aclara de manera inequívoca si mantiene vínculos o pertenencia a organismos de seguridad de ese país— no puede asumir la Jefatura de Estado. A su juicio, su posesión quedaría irremediablemente viciada de ilegalidad y desprovista de toda legitimidad democrática.
Para garantizar el respeto irrestricto a la Constitución y la soberanía de la Nación, Cepeda establece cuatro exigencias innegociables:
1. Definición clara de su condición: Renuncia expresa y definitiva a la nacionalidad de los Estados Unidos, así como una explicación pública y detallada sobre cualquier posible relación, colaboración o pertenencia a agencias de seguridad de dicha nación.
2. Respeto a la soberanía: Compromiso explícito de salvaguardar la seguridad nacional y no interferir ni someter la independencia de la justicia colombiana a intereses externos.
3. Fin de la persecución política: Cese inmediato de cualquier acción judicial o política dirigida contra el expresidente Gustavo Petro y desistimiento de cualquier gestión orientada a su extradición.
4. Pluralidad y autonomía: Detener la persecución sistemática a opositores políticos y abstenerse de estimular procesos judiciales promovidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra ciudadanos colombianos.
En su calidad de líder de la oposición y candidato que recibió el respaldo de más de 12,7 millones de votos en la jornada electoral del pasado 21 de junio, Cepeda advierte con firmeza: si no se satisfacen estas condiciones esenciales de legalidad, no reconocerá una autoridad que, en su criterio, no actúa en defensa de la soberanía nacional. Anuncia entonces el ejercicio de la desobediencia civil pacífica —una postura de rechazo pasivo pero firme— e invita a los millones de ciudadanos que confiaron en su propuesta a hacer lo mismo: desconocer de manera pacífica cualquier orden, disposición o mandato emanado de quien no asume su deber primordial como garante de la Constitución Política de Colombia.
