La Fiscalía General de la Nación válido un preacuerdo en el que Pérez Marroquín asume su responsabilidad en varios delitos, entre los que se incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Este acuerdo representa un paso significativo en las investigaciones que han rodeado el caso y permite avanzar en el proceso judicial.
Alias ‘El Viejo’ fue contactado específicamente para llevar a cabo la planificación de un atentado contra un congresista. Su participación en este crimen organizado se revela como parte de una red más amplia que busca desestabilizar el entorno político. Para articular el plan criminal, ‘El Viejo’ localizó a Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, quien asumió la responsabilidad de definir la logística y los roles de los demás implicados en la operación.
La investigación ha permitido identificar que ‘El Viejo’ realizó labores de seguimiento a la víctima en marzo de 2025. Durante este periodo, el precandidato fue vigilado y fotografiado en un evento político que tuvo lugar en el suroccidente de Bogotá. Este seguimiento meticuloso demuestra la planificación y la intención deliberada de llevar a cabo el atentado, reflejando la gravedad de la amenaza que enfrentaba el congresista.
Además, se ha confirmado que ‘El Viejo’ fue el encargado de entregar a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el ataque. Esta arma no solo fue facilitada por él, sino que también fue modificada para aumentar su letalidad, lo que resalta la peligrosidad de la operación y la premeditación detrás del acto violento. La modificación del arma indica un nivel de preparación que va más allá de un simple ataque improvisado.
La Fiscalía continúa su labor de investigación para desmantelar la red criminal y garantizar que todos los involucrados enfrenten la justicia. Este caso subraya la importancia de la lucha contra el crimen organizado en el país y la necesidad de proteger a los representantes políticos. La colaboración entre las autoridades y la sociedad civil será clave para prevenir futuros atentados y asegurar la estabilidad democrática.
