El Concejo Distrital de Barranquilla aprobó, por unanimidad, una proposición de control político para investigar los desproporcionados incrementos en el impuesto predial. Asimismo, la corporación expresó su profunda preocupación ante la reciente ola de extorsiones que afecta a líderes políticos y comerciantes de la ciudad.

Control político por alzas en el impuesto predial

Por iniciativa del concejal Antonio Bohórquez, se citó a la Gerencia de Gestión Catastral y a la Secretaría de Hacienda. El debate se enfocará en esclarecer las razones por las cuales miles de contribuyentes han recibido facturas con aumentos superiores al 45 %, alcanzando, en casos documentados, hasta un 300 % de una vigencia a otra.

«No es admisible que predios sin mejoras estructurales dupliquen su avalúo de manera intempestiva. Barranquilla no puede persistir en un modelo de ‘feudalismo tributario’ que asfixia a los estratos 1, 2 y 3, desplazando la inversión hacia municipios vecinos», afirmó Bohórquez.

SOS por seguridad y extorsiones

En un segundo segmento de alta tensión, la concejal Heidy Barrera advirtió que la inseguridad ha superado límites intolerables. Actualmente, seis ediles de la Localidad Suroriente, junto con varios concejales, han sido blanco de panfletos amenazantes y extorsiones directas.

Ante esta crítica situación, se citó con carácter de urgencia al secretario de Gobierno y al jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia. Asimismo, se extendió una invitación formal al comandante de la Policía Metropolitana, General Camelo, y al Gaula, para que rindan cuentas sobre la efectividad de las inversiones en orden público.

Puntos críticos expuestos por la plenaria:

•     Ineficacia tecnológica: Se cuestionó la operatividad de equipos de interceptación valorados en miles de millones de pesos, que no estarían cumpliendo su función.

•     Vulnerabilidad del sector comercio: El concejal Andrés Ballesteros señaló que, a pesar de las capturas, los comerciantes en sectores como el barrio Simón Bolívar se sienten desprotegidos ante represalias, lo que agrava la crisis.

•     Falta de respaldo institucional: El concejal Alexis Castillo enfatizó la responsabilidad de la Fuerza Pública en proteger la integridad de los representantes ciudadanos: _”Tenemos familias y exigimos condiciones plenas para desempeñar nuestra labor sin temor a ser víctimas de un atentado».