El reciente decreto salarial de 2026, expedido por el presidente Gustavo Petro, ha generado un intenso debate sobre su validez y posibles efectos negativos. A raíz de las críticas, EL TIEMPO consultó a Miguel Ángel Pérez Palacios, un abogado experto en el tema, quien explicó los antecedentes históricos y las claves que podrían llevar a la anulación de este decreto.
Pérez recordó que en la historia de Colombia ha habido precedentes de nulidad en decretos salariales. En 1976, el Consejo de Estado anuló el decreto que fijaba el salario mínimo, pero este caso se dio en un contexto legal distinto al actual. En ese entonces, el Gobierno no cumplió con el requisito de consultar al Consejo Nacional de Salarios antes de establecer el salario mínimo, lo que llevó a la declaración de nulidad cuatro años después.
Sin embargo, el abogado enfatizó que el marco legal ha cambiado significativamente desde la Ley 278 de 1996, que regula la fijación del salario mínimo. Esto hace que las circunstancias de 1976 no sean aplicables hoy en día. «Es un error pensar que lo que ocurrió entonces puede repetirse ahora», afirmó Pérez.
Declarar la nulidad de un decreto es un proceso complicado y lento, que requiere un análisis exhaustivo. Pérez comentó que, aunque hay varias razones para que un decreto pueda ser anulado, la única vía real sería una falla procedimental. «Este decreto es el clásico de todos los años, y no se trata de una medida de emergencia», aclaró.
Un antecedente más reciente ocurrió en 2016, cuando el Consejo de Estado también declaró nulo el decreto que fijó el salario mínimo para ese año. En esa ocasión, el tribunal concluyó que el Gobierno no había sustentado adecuadamente la decisión.
Las posibles causales para anular el decreto de 2026 incluyen:
– No motivar adecuadamente la decisión.
– No considerar de manera integral todos los factores económicos y constitucionales.
– Fijar un incremento inferior al índice de precios al consumidor (IPC) del año anterior.
Este análisis pone de relieve la importancia de la legalidad y la transparencia en la fijación del salario mínimo en Colombia, así como el impacto que estas decisiones tienen en las finanzas de los empleadores y la economía en general.
