La empresa Triple A ha emprendido una dura batalla contra el delito de defraudación de fluidos en el departamento del Atlántico, con el fin de garantizar un servicio de calidad a sus usuarios y proteger el patrimonio de la compañía.
Aunque este es un delito que afecta a todo el territorio nacional, la compañía, a través de la Gerencia de Eficiencia Hidráulica, viene implementando diversas estrategias que se apoyan en herramientas avanzadas de análisis de datos. Estas herramientas no solo ayudan a identificar posibles casos de fraude, sino que también permiten entender el comportamiento estacional de los usuarios, analizar estadísticas de consumo y detectar patrones inusuales, lo que refuerza el control y la prevención de estas prácticas.
Triple A utiliza tecnología especializada para detectar fraudes, incluyendo georradares, geófonos y medidores avanzados. Además, cuenta con herramientas de análisis de datos estadísticos para identificar zonas con alta incidencia de irregularidades.
La Gerencia de Eficiencia Hidráulica es el equipo que tiene la misión de reducir las pérdidas técnicas y comerciales de agua, con el objetivo de que la compañía se convierta en una empresa sostenible y amigable con el medio ambiente.
Es así como durante el año 2024 logró detectar 17.983 casos de fraude; y en lo que va de 2025 ha detectado 8.247 casos. Esto equivale a una pérdida significativa de recursos hídricos.
Sin embargo, gracias a la labor de este equipo especializado de alto nivel, se han recuperado más de 1 millón de metros cúbicos de agua, lo que sería suficiente para abastecer a más de 40.000 hogares, o lo que equivale a suministrar agua a un municipio
como Sabanalarga durante dos meses consecutivos.
En términos económicos, la recuperación de estos metros cúbicos de agua equivale a un valor de más de $8 mil millones, de acuerdo con lo estimado por la compañía. También, se han realizado acuerdos de pago por más de $2 mil millones por concepto de dejado de facturar, que se aplica a quienes cometen este delito.
Otra de las estrategias en la lucha frontal contra el delito de defraudación de fluidos es el
trabajo en equipo de Triple A, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Los operativos se realizan en conjunto y se interponen las denuncias penales correspondientes.
Álvaro Araújo, gerente de Eficiencia Hidráulica, dijo que es importante que la comunidad sepa que el fraude de agua no solo afecta a la empresa, sino también a los usuarios que pagan por el servicio.
Es por ello, señaló, que el equipo a su cargo busca concienciar a la población sobre la importancia de hacer un uso responsable del agua y denunciar cualquier actividad sospechosa para frenar la comisión de este tipo de delitos.
Para el ingeniero Sneider Lobo, director de Pérdidas Comerciales, el fraude de agua impacta directamente a la población, causando interrupciones y baja presión en el servicio. Además, desvía recursos que podrían usarse para expandir el servicio a comunidades sin acceso.
En ese sentido, explicó que la ciudadanía tiene la posibilidad de reportar casos de fraude de forma segura y confidencial, a través de los canales de atención de Triple A o de la alcaldía de Barranquilla.
Sanciones y consecuencias legales.
El ingeniero Lobo igualmente explicó que la defraudación de fluidos es considerada en
Colombia como un delito. El Artículo 256 del Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, tipifica la defraudación de fluidos como el acto de apropiarse de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones mediante medios clandestinos o alterando sistemas de control o medidores, causando un perjuicio ajeno.
Quien incurre en este delito puede ser castigado con prisión de 16 a 72 meses y sancionado con el pago de una multa de 1.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, el responsable debe pagar el valor del consumo dejado de facturar y la empresa puede suspender el servicio.
La norma también señala que la defraudación de fluidos implica el incumplimiento del contrato de condiciones uniformes a través de conexiones ilegales a la red de servicios públicos, la manipulación o alteración de los medidores o sistemas de control del consumo del servicio o tener doble acometida para eludir el pago del consumo real.
