La solicitud presentada por el demandante Jeofrey Alfonso Troncoso Mojica tenía como objetivo solicitar la suspensión temporal del Acuerdo 000032, emitido el 27 de octubre de 2025. Este acuerdo designó a Leyton Barrios como la máxima autoridad académica de la Universidad del Atlántico. Sin embargo, el Tribunal Administrativo determinó que no se cumplían los requisitos legales necesarios para adoptar una medida cautelar de esta naturaleza.
Según se detalla en la providencia, la Sala del Contencioso concluyó que el demandante no logró demostrar, de manera suficiente, la supuesta violación de normas superiores. Entre estas se incluyen el artículo 40 de la Constitución, que garantiza la igualdad de derechos, y la Ley 581 de 2000, que promueve la participación de la mujer en cargos decisorios. Estas disposiciones son esenciales para fundamentar la solicitud de suspensión temporal del acto electoral. El Tribunal consideró que no había un nexo argumentativo claro que evidenciara una infracción manifiesta entre el acto impugnado y las normas invocadas.
Como resultado, el Acuerdo 000032 se mantiene plenamente vigente, lo que significa que Leyton Barrios continúa desempeñando su rol como rector elegido mientras se avanza en el proceso judicial. A pesar de esto, la demanda de nulidad electoral ha sido admitida y seguirá su curso ordinario, lo que implica la notificación a las partes involucradas, la vinculación de terceros y la recolección de pruebas pertinentes.
Es fundamental señalar que la decisión del Tribunal no implica un prejuzgamiento sobre el fondo del caso, el cual será analizado y resuelto en una sentencia posterior. Durante este tiempo, la Universidad del Atlántico sigue operando con normalidad, bajo la dirección de Barrios, asegurando así la continuidad de sus actividades académicas y administrativas, así como el bienestar de su comunidad educativa.
En este contexto, la situación destaca la importancia de un proceso judicial claro y transparente, que respete los derechos de todas las partes involucradas y garantice que se tomen decisiones fundamentadas y justas. La comunidad universitaria está atenta a los desarrollos de este proceso, que podría tener implicaciones significativas para la gobernanza de la institución y el futuro de su liderazgo académico.
