Este lunes la Presidencia de la República publicó una resolución en la que le da a 14 exparamilitares la categoría de gestores de paz para que ayuden a
reconstruir el tejido social, reparen, la verdad y colaboren en la construcción de una verdad judicial. El cumplimiento de la resolución estará a cargo del Ministerio del Interior y del Departamento
Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
“Todo esto lo va a manejar el Mininterior con la secretaría del Dapre. Vamos a ser la secretaría técnica para que todo esto se conozca y se sepa. Que el país conozca cuáles eran los vínculos de los paramilitares
con el Estado y con otros actores”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Agregó que “Esta nueva resolución busca que los actores que estuvieron en el conflicto sean gestores de paz y que ayuden a reconstruir el tejido social, que reparen, digan la verdad y que construyan una verdad
judicial. Hay sectores que se preocuparán y asustarán, pero quien critique esta resolución lo acuso del tenerle miedo a la verdad”.
Cabe anotar que la vigencia de la resolución será el próximo 6 de agosto de 2026; un día antes de terminar el mandato del presidente Gustavo Petro. El documento asegura que el “reconocimiento como gestores de paz de las personas señaladas no modifica su situación jurídica, ni las medidas de aseguramiento vigentes o su régimen de libertad, ni conlleva beneficios judiciales”.
Las personas beneficiadas con esta resolución son: “Héctor José Buitrago Rodríguez; Ramiro Vanoy Murillo; Hernán Giraldo Serna; Luis Eduardo Cifuentes Galindo; Manuel de Jesús Pirabán; Juan Francisco Prada Márquez; José Baldomero Linares Moreno”.
Además, fueron beneficiados “Edward Cobos Téllez, Arnubio Triana Mahecha, Salvatore Mancuso Gómez; Carlos Mario Jiménez Naranjo; Diego Fernando Murillo Bejarano; Rodrigo Tovar Pupo; Rodrigo Pérez Álzate y Fredy Rendón Herrera, Héctor Germán Buitrago Parada”.
Cabe anotar que los beneficiarios deberán suscribir un acta de compromiso en el que se establezcan actividades particulares y concretas de reparación a las víctimas, “el responsable de su cumplimiento y los indicadores de medición respectivos. Dichos compromisos tendrán carácter estrictamente administrativo y voluntario, y no implican modificación de la situación jurídica de los designados”, asegura el documento.
