El Observatorio Nacional de la MiPyme y ACOPI Nacional, presentaron los resultados de la Encuesta de Desempeño Empresarial correspondiente al segundo trimestre de 2025, los cuales reflejan un panorama complejo para las micro, pequeñas y
medianas empresas del país.
En materia de generación de empleo, el 55,7% de los empresarios reportó una reducción en su planta laboral. En promedio, se perdieron cinco empleos por
empresa y solo se generaron dos, lo que evidencia una pérdida de tres puestos de trabajo. De igual forma, se identificó una precarización en las modalidades de contratación. Los contratos por obra o labor aumentaron en 17,4%, la contratación
por prestación de servicios en 18,8% y el contrato de aprendizaje pasó del 1,8% en el segundo trimestre de 2024 al 4,1% en el mismo periodo de 2025. Esta tendencia responde, en gran medida, a la incertidumbre generada por la entrada en vigencia
de la Ley 2466 de 2025 (reforma laboral), que llevó a los empresarios a ajustar de manera anticipada sus esquemas de contratación.
Los otros indicadores fundamentales también muestran señales de deterioro. El 65,6% de los encuestados reportó una disminución en la rentabilidad, el 58,9% en la producción y el 65,5% en las ventas, lo que confirma un escenario de debilitamiento de la actividad empresarial. En cuanto a la inversión, el 67,7% de los empresarios manifestó haber suspendido proyectos debido a la desconfianza frente al entorno económico. Para proteger su capital, muchos han optado por medidas como el cierre de unidades de negocio (16%), la desinversión (14,5%) y la deslocalización
internacional (4,6%).
Un aspecto especialmente preocupante es la caída en la proporción de MiPymes con presencia internacional. Actualmente, solo el 6,5% de estas empresas accede a mercados externos, principalmente en Centroamérica y Estados Unidos, frente al 22% registrado antes de la pandemia. Según el investigador en Desarrollo e Internacionalización Empresarial, Octavio Ibarra, este bajo nivel de exportaciones refleja un “estancamiento estructural” de las MiPymes, condicionado por su alta
dependencia del mercado interno y la limitada productividad.
En sus palabras, la internacionalización no debe entenderse como un lujo, sino como una estrategia de supervivencia y sostenibilidad en el largo plazo. Para enfrentar esta situación, Ibarra destacó la necesidad de avanzar en dos ejes fundamentales: la apropiación tecnológica por parte de las MiPymes, que permita elevar la productividad y competitividad, y un incremento sustancial en la inversión
nacional en ciencia, tecnología e innovación. Mientras los países de la OCDE destinan en promedio el 2,5% del PIB a este rubro, Colombia apenas alcanza entre 0,3% y 0,5%, lo que limita seriamente la capacidad de las empresas para competir
en mercados internacionales.
A estos desafíos se suma la preocupación por el proyecto de reforma tributaria recientemente radicado, que plantea medidas con efectos directos sobre la inflación y la estructura de costos empresariales. En primer lugar, el incremento en
los combustibles tendría un fuerte impacto, pues actualmente representan el 40,2% de la estructura de costos, a lo que se suman peajes y gastos fijos que alcanzan el 45,19%, es decir, cerca del 86% del total de los gastos operativos. Este escenario
incidiría no solo en la competitividad empresarial, sino también en el transporte público masivo, que depende del combustible para su funcionamiento y que en ninguna ciudad del país ha logrado equilibrio financiero sin recursos públicos.
El segundo aspecto crítico es la modificación en el impuesto de renta para personas naturales. Mientras las personas jurídicas mantienen una tarifa fija del 35%, las personas naturales enfrentarían un aumento de la tarifa marginal máxima del 39% al 41%, con cargas adicionales que incrementarían aún más la tributación.En un contexto donde el 67% de las MiPymes están registradas como personas naturales, esta medida podría afectar de manera significativa su sostenibilidad, lo que obliga a muchos empresarios a reconsiderar la conveniencia de transformarse en personas jurídicas.
Finalmente, preocupa la propuesta de gravar con IVA del 19% a las actividades culturales y de esparcimiento, un sector que se ha consolidado como “tanque de oxígeno” para el bienestar social y emocional de los colombianos después de la
pandemia. La cultura, la recreación y los espectáculos no solo dinamizan la economía, sino que fortalecen la cohesión social y aportan al crecimiento del país.
