Así lo reveló el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), César Palomino Cortés, durante la audiencia pública de Rendición de Cuentas del período 2024 y primer semestre de 2025.
De acuerdo con el funcionario, en el último año se dieron pasos importantes para proteger el interés público con herramientas innovadoras y una estrategia integral, “lo que permitió revolucionar la defensa jurídica del Estado”.
“Logramos una tasa de éxito por encima del 78% en procesos judiciales, superando en 25 puntos el promedio nacional; evitamos pérdidas por cerca de $152 billones de pesos, equivalentes al 1.5% del PIB nacional y atendimos más de 7.500 procesos judiciales a través del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano, eKOGUI”, aseguró Palomino Cortés
Una de las principales banderas de su administración es el Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE), una herramienta fundamental para que cualquier entidad del orden nacional o territorial cuente con los elementos necesarios para su defensa jurídica.
“Hemos avanzado con la creación del decreto reglamentario construido con 15 entidades nacionales; un plan de acción concreto con 23 metas estratégicas; el primer micrositio integral del SDJE con más de 50.000 visitas en sus primeros seis meses; y avances significativos en el modelo de caracterización territorial”, explicó.
Al referirse a la actuación de la entidad en el escenario internacional Palomino Cortés destacó que la agencia evitó condenas por US$1.594 millones de dólares en litigios de inversión. A la fecha, Colombia enfrenta 16 controversias internacionales de arbitraje de inversión con pretensiones aproximadas por $58.92 billones de pesos y 12 controversias en etapa prearbitral.
La Agencia obtuvo, además, un reconocimiento en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2024, donde Colombia aparece como el país líder de Soluciones Amistosas.
La ANDJE logró 13 acuerdos de solución amistosa, avanzó en 19 procesos de reparación para víctimas y realizó 15 actos de reconocimiento internacional que dignifican a las víctimas.
El Director General aseguró que “el trabajo articulado con entidades del Gobierno, la academia y organismos de control demuestra que una defensa jurídica eficaz también se construye desde la política pública, con visión de largo plazo, rigor técnico y enfoque en los derechos humanos”.
