El fiscal de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, Alberto Ortiz Saldarriaga emitió una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro en la que desnuda la perversidad del modelo de contratación capitado.
Ortiz manifiesta en la misiva al presidente Gustavo Petro lo siguiente:
Desde mis contactos iniciales con la entonces ministra de Salud, *CAROLINA CORCHO MEJÍA*, fui probablemente el primer maestro del país en plantear la posibilidad y la necesidad de que los maestros no fuésemos excluidos de una reforma integral al sistema de salud, desde la errada percepción de que por ser u ostentar la condición de servidores públicos de régimen especial, gozábamos de un modelo de salud diferenciado del de Ley 100 y con altísimos estándares de calidad.
Tan es inexacta esta última apreciación que durante mi permanencia como presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico -ADEA-, me correspondió interpretar la insatisfacción del gremio al que representaba y liderar, por primera vez en el Departamento del Atlántico, una serie de protestas que derivaron en un paro de 48 horas (1 y 2 de agosto de 2023) para demandar cambios y mejoramiento en la atención.
Dedicado al estudio del tema a profundidad descubrí la perversidad del *modelo de contratación capitado* en términos de negación o dilatación de la atención con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad o margen de ganancia en los contratos a partir de la obstrucción deliberada del acceso oportuno de los pacientes a citas de medicina especializada, medicamentos y procedimientos de todo tipo de complejidad.
A partir de ello, tuve la oportunidad de plantear de manera pública, y gracias a la generosidad de importantes medios de comunicación de la ciudad, desde noviembre de 2022 (https://diariolalibertad.com/sitio/2022/11/05/maestros-excluidos-de-una-reforma-integral-a-la-salud/) una serie de ideas (https://www.facebook.com/share/v/14EBWcMUR2a/) sobre cómo estructurar un Nuevo Modelo de Salud del Magisterio
Ese propósito lo delineamos en propuestas hasta ese entonces inadmisibles en la alta dirección de nuestro gremio, como el cambio de modelo de contratación, para que los prestadores privados del sistema experimentaran (como lo sufrieron los hospitales públicos del país en épocas de su destrucción por el neoliberalismo) el pasar de un subsidio a la oferta (cápita) a un subsidio a la demanda con fuertes procesos de auditoría y control, en donde para facturar se hiciese estrictamente necesario atender bien (pago por eventos).
También, en lo que era mirado heréticamente planteamos, en consonancia con lo dispuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional T-760 31 de julio de 2008 y en la Ley 1751 de 16 de febrero de 2015, la introducción de la libertad de escogencia y de la posibilidad de competencia entre prestadores, haciendo la necesaria salvedad de priorizar, fortalecer y anteponer lo público frente a lo privado en lo referente a atención médica y dispensación de medicamentos.
Todas estas ideas fueron en su momento expuestas y recogidas (16 de septiembre de 2023) por el entonces Viceministro de Educación, *ÓSCAR SÁNCHEZ* y fueron sin duda insumo fundamental en la estructuración de lo que se denominó, Nuevo Modelo de Salud del Magisterio, el cual fue desfigurado y se extravió desde los desaciertos en la escogencia de quiénes debían dirigir el Ministerio de Educación y, por tanto, capitanear el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manteniéndolo incólume frente al Herodes que siempre ha sido para el FOMAG la Fiducia que maneja sus recursos como lo he denunciado en diferentes escenarios públicos (https://www.facebook.com/share/v/1CeFtpiTSg/)
El reciente informe de Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República nos da ampliamente la razón. Fiduprevisora, desde su permanente improvisación y desidia en la tramitación y reconocimiento efectivo de pensiones y cesantías genera hallazgos revelados por la Contraloría como el de:
“… mesadas pagadas con posterioridad al fallecimiento de los destinatarios…” (1); fallos *“… pagados después de diez meses a partir de la fecha de ejecutoria… ocasionando el pago de intereses moratorios por cerca de $3.210 millones…”* (2) o *“pagos de sanciones moratorias por cerca de $48.100 millones* con recursos del FOMAG, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 en relación con la destinación específica de los recursos del Fondo” (3), situaciones todas que comprometen el patrimonio público y un activo de los maestros oficiales.
No menos grave es que la Contraloría denuncie la existencia de *“10 contratos de transacción en 2023 y 2024*, cuyo valor asciende… a $1.191.268.246.910 (cerca de *$1,2 billones*)… *sin aprobación* por parte del *Consejo Directivo del FOMAG”* o que encuentre y denuncie “la *presunta conformación indebida de grupos empresariales* para el favorecimiento de algunas IPS… la *presunta constitución de sociedades ficticias… con fines de* presunto ocultamiento de recursos y *enriquecimiento ilícito…* (o) *presuntos casos de interés indebido en la celebración de contratos de transacción”*.
Tampoco son desdeñables los hallazgos que versan sobre “… *omisión en la constitución de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) para el pago de* contratos y/o facturas provisionadas al cierre de 2024, por cerca de *$75 mil millones”*; que en “… *52 contratos, por cerca de $648 mil millones*” no se suscribiera “acta de inicio” o que “en *6 contratos de… salud, por cerca de $168 mil millones*, no se constituyeron las garantías contractualmente pactadas… lo que podría encuadrarse en el tipo penal de *“Contrato sin cumplimiento de requisitos legales…”* o, incluso, que se hayan identificado hasta ahora “…*13 contratos* de prestación de servicios de salud *por cerca de $525 mil millones* que iniciaron ejecución *sin* la expedición previa de los correspondientes *CRP*, por lo que se inició la ejecución contractual sin contar con amparo presupuestal…” o que “… los módulos del Sistema *SUIM-HORUS”* se instalaran “con anterioridad a la fecha de suscripción e inicio del contrato”.
A la fecha, al igual que en el informe de la Contraloría persiste la *“Inoportunidad en la formulación de glosas a facturas de prestación de servicios médicos*, situación que podría generar *riesgo de pérdida de recursos públicos* ante la posibilidad de reclamaciones para el *pago de intereses*”.
Frente a todo ese panorama desolador y perturbador que sigue expresándose en inconformidad de los usuarios del servicio se hace necesario que de manera directa e inmanente el gobierno nacional adopte medidas drásticas y de fondo para la rectificación inmediata del rumbo de un barco a la deriva y con un timonel que improvisa con los ojos cerrados cada uno de sus desatinados movimientos.
Con fundamento a lo anterior propongo:
*1.* Revertir la fracasada separación entre prestación de servicios médicos y provisión de medicamentos
*2.* Generar desde lo legal condiciones para que FOMAG (por lo menos en municipios de menor número de habitantes y que carecen de infraestructura de salud pública o privada) en lugar de direccionar recursos hacia la cápita que posibilitan a particulares construir infraestructura que se constituyen en activos privados, asuma de manera directa la construcción de instalaciones médicas y la contratación de personal médico asistencial para una atención digna y de calidad a los y las docentes y sus núcleos familiares.
*3.* Desarrollar un software propio que almacene la Historia Clínica Inter Operativa (HCI) para que, a través del acceso de los prestadores de salud, posibilite que con la presentación de su sola cédula los maestros y sus núcleos familiares puedan ser atendidos con inmediatez y calidad en cualquier lugar del país y puedan consultar y ejercer veeduría sobre procesos de facturación y pagos transparentando y haciendo pública la información.
FIDUPREVISORA CONSTITUYE UN RIESGO Y UNA AMENAZA PARA LA PERMANENCIA Y SOSTENIBILIDAD DEL FOMAG
