El Gobierno nacional inició este miércoles ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la
socialización del proyecto de ley de Competencias del Sistema General de Participaciones, radicada en diciembre de 2025, que desarrolla el Acto
Legislativo 03 de 2024.
Esta iniciativa constituye una de las reformas más relevantes para la organización territorial del Estado desde la Constitución de 1991, al redefinir la
distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.
Durante la sesión, el viceministro General del Interior, Jaime Luis Berdugo Pérez, señaló que este momento marca el comienzo de un debate estructural
para el país. “Este proyecto no es una ley de recursos, es una ley de poder público. Su propósito es ordenar la relación entre la Nación y los territorios, definiendo con claridad quién hace qué, con qué recursos y bajo qué
condiciones”, sostuvo.
La iniciativa busca corregir un problema estructural del modelo territorial colombiano como la asignación de responsabilidades sin el correspondiente fortalecimiento de capacidades y fuentes de financiación. En ese sentido, propone un sistema más coherente entre competencias, recursos y capacidades institucionales.
Entre sus principales elementos, el proyecto:
• Define con mayor precisión las competencias de la Nación y de las entidades territoriales en sectores prioritarios como salud, educación y agua
potable.
• Establece principios e instrumentos institucionales para orientar la descentralización y mejorar la coordinación entre niveles de gobierno.
• Introduce un enfoque de descentralización asimétrica, que reconoce las diferencias en capacidades y condiciones entre territorios.
• Incorpora mecanismos de articulación territorial, como esquemas asociativos y acuerdos de colaboración, para abordar problemáticas que
trascienden los límites administrativos.
El proyecto es resultado de un proceso técnico y de concertación desarrollado durante nueve meses en 2025, en el que participaron entidades del Gobierno
Nacional, representantes de las entidades territoriales, gremios, academia y distintos actores institucionales.
Durante la presentación, el Gobierno Nacional reiteró que este proyecto será objeto de un amplio proceso de deliberación en el Congreso, con el objetivo de
fortalecer su alcance técnico, su viabilidad fiscal y su impacto territorial.
