El Consejo de Estado ha decidido suspender provisionalmente los efectos del decreto que estableció el aumento del salario mínimo para 2026, tras aceptar una medida cautelar en respuesta a varias demandas que cuestionan la legalidad del incremento. Esta decisión se produce en un contexto donde la protección de los derechos laborales y el bienestar económico de los trabajadores son temas de gran relevancia.
El tribunal le ha dado al Gobierno un plazo de ocho días para emitir un nuevo decreto que cumpla con los parámetros establecidos por la ley, asegurando que se consideren todos los criterios económicos y constitucionales necesarios. Mientras se resuelve el proceso judicial, el ajuste salarial será considerado temporal, lo que significa que la cifra actual se mantendrá hasta que se emita una sentencia definitiva.
En su resolución, el Consejo de Estado destacó la importancia de que el Gobierno tenga en cuenta varios factores clave al determinar el nuevo salario mínimo. Estos incluyen la meta de inflación fijada por el Banco de la República, la productividad certificada por el DANE, la inflación real del año anterior, el crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional. La inclusión de estos elementos es fundamental para garantizar un ajuste que sea justo y sostenible.
Además, el nuevo decreto transitorio deberá contener una justificación económica detallada. Esto implica que el Gobierno debe explicar de manera clara cómo se ponderan cada uno de los criterios utilizados, ya sea a través de valoraciones cuantitativas o cualitativas. También se deberá especificar la operación aritmética que conduce a la cifra final del salario mínimo, sustentando toda la información en datos oficiales.
La medida cautelar permanecerá vigente mientras se lleva a cabo el proceso judicial que revisa la legalidad del decreto original. Esto refleja la preocupación del Consejo de Estado por asegurar que cualquier ajuste salarial se realice de manera transparente y conforme a la normativa vigente, garantizando así la protección de los derechos de los trabajadores en el país.
Con esta decisión, se espera que el Gobierno actúe con celeridad para cumplir con los requerimientos del tribunal y que la nueva cifra del salario mínimo sea establecida de forma adecuada, beneficiando a todos los trabajadores.
