Un contrato de $10.000 millones firmado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) ha generado un intenso debate en Colombia sobre la transparencia y el uso de recursos públicos. Este acuerdo con Amadeus Consultancy Limited, una firma británica, busca proporcionar asesoría jurídica especializada en sanciones financieras internacionales, especialmente en relación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU.
La controversia surge en un momento delicado, ya que el presidente Gustavo Petro y su círculo cercano han sido incluidos en la «Lista Clinton» de la OFAC, lo que conlleva bloqueos financieros. Opositores políticos han denunciado que este contrato parece más una defensa personal del mandatario que un interés institucional. Germán Ricaurte, director de la Unidad Contra el Gasto Hormiga, criticó el uso de impuestos colombianos para este propósito.
La senadora María Fernanda Cabal describió el contrato como una “farsa”, recordando declaraciones anteriores que indicaban que la defensa sería asumida gratuitamente por el abogado Daniel Kovalik, vinculado a la firma contratada. Asimismo, la representante Katherine Miranda ha pedido a la Contraloría y la Procuraduría que investiguen posibles violaciones a los principios de contratación estatal y el uso indebido de recursos públicos, cuestionando la legitimidad del acuerdo.
