Entre el 14 y el 20 de diciembre, la Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo una serie de operativos que resultaron en la ocupación de 431 bienes. Estos activos, que incluyen inmuebles y vehículos, están valorados en más de $445.115 millones. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia para debilitar la estructura financiera de organizaciones criminales en Colombia.
Según el Ministerio de Defensa Nacional, los bienes incautados estaban vinculados a grupos criminales conocidos, como el ELN, el Clan del Golfo y la estructura delincuencial Cordillera. Estos carteles operan en al menos nueve departamentos del país, lo que resalta la magnitud del problema del narcotráfico y otras actividades ilegales en la región. La acción coordinada busca desmantelar las redes que sostienen estas organizaciones.
El comunicado del ministerio enfatiza que “cada inmueble, cada vehículo y cada activo recuperado es un golpe directo a las finanzas del narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal, el lavado de activos y el homicidio”. Esta declaración subraya la importancia de atacar no solo a los individuos involucrados, sino también a los recursos que permiten la continuidad de sus actividades delictivas.
Además, se destaca que defender la vida también implica cerrar el camino al dinero ilegal. La incautación de estos bienes es una medida crucial para desarticular las economías criminales y reducir su capacidad operativa. La respuesta de las autoridades refleja un compromiso serio con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
Este tipo de operativos no solo son necesarios, sino que también generan un impacto positivo en la percepción de seguridad en las comunidades afectadas. A medida que se continúan realizando estas acciones, se espera que la población vea una disminución en la violencia y en la influencia de estos grupos criminales en su vida diaria.
