Este viernes, en el polideportivo de Cereté, Córdoba, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, sancionará la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria y oficializará la entrega de más de 3.000 hectáreas de tierra a familias campesinas afectadas por la emergencia climática en el departamento de Córdoba. También dará inicio a la demolición de jarillones para la recuperación de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú.
Firma Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria
Como un paso histórico hacia el cumplimiento de las deudas del Estado con el sector rural, el jefe de Estado sancionará la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, que modifica la Ley 270 de 1996 de administración de justicia y que representa un avance fundamental en la organización de la justicia agraria en Colombia.
Su objetivo es garantizar que los asuntos relacionados con la tierra, los derechos de las comunidades campesinas y los territorios rurales sean atendidos de manera especializada, cercana y efectiva, por jueces que resuelvan de manera exclusiva los conflictos agrarios. Esta ley responde a la necesidad histórica de fortalecer la justicia en el campo, reconociendo la diversidad cultural, étnica y social de quienes habitan estas zonas.
Con la creación de tribunales y juzgados agrarios, así como de equipos técnicos interdisciplinarios, se establece una estructura que permite administrar justicia con mayor eficiencia y profesionalismo. Los tribunales actuarán como órganos de decisión y apelación en casos complejos, mientras que los juzgados serán la base de la atención local, garantizando que la justicia llegue hasta las comunidades más alejadas y vulnerables.
Esto significa que el campesinado tendrá un acceso más directo a la justicia, con procesos claros y especializados en sus necesidades territoriales.
Además, la ley introduce facilitadores agrarios y rurales, quienes orientarán a los ciudadanos sobre sus derechos y los procedimientos judiciales, asegurando un servicio gratuito y comprensible. Esta medida es clave para reducir barreras de acceso y garantizar que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho tangible para todos los habitantes del campo.
Con esta normativa, Colombia apuesta por resolver los conflictos rurales mediante el diálogo legal y la institucionalidad, sentando las bases para una paz estable y una gestión del territorio más equitativa.
Entrega de más de 3 mil hectáreas de tierras
Durante la jornada, se formalizará la adjudicación de tierras destinadas a más de 1.000 familias campesinas que han sido impactadas por fenómenos climáticos recientes. Esta iniciativa busca contribuir a la reactivación económica rural y garantizar condiciones dignas para la producción agrícola.
Los predios entregados provienen de diferentes fuentes, entre ellas el Fondo de Reparación a Víctimas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y de procesos de adquisición directa. Algunos de estos terrenos fueron recuperados por el Estado tras haber estado en manos de exjefes paramilitares.
Las tierras están ubicadas en municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista, Montería, Cereté, San José de Uré y Puerto Libertador, beneficiando a organizaciones campesinas, asociaciones productivas y comunidades étnicas como el Resguardo Indígena Zenú.
Recuperación ambiental del Bajo Sinú
Como parte del evento, también se iniciará la demolición de jarillones, una intervención clave para la recuperación de ecosistemas estratégicos en la región, especialmente la Ciénaga Grande del Bajo Sinú.
Esta acción busca restablecer los flujos naturales del agua, mejorar las condiciones ambientales y fortalecer los medios de vida de las comunidades que dependen de estos ecosistemas.
