La Gobernación del Atlántico declaró una ofensiva frontal contra el juego ilegal, una práctica que golpea directamente los recursos destinados a la salud de los atlanticenses. Como parte de esta estrategia, fue instalado el primer Comité Departamental contra el Juego Ilegal de 2026, un espacio de articulación que reúne a autoridades de seguridad, justicia y entidades reguladoras para cerrar el cerco a estas actividades ilícitas y proteger las rentas que financian el sistema de salud del departamento.
En el encuentro participaron representantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar), Departamento de Policía Atlántico (Deata), Sijín, Fiscalía General de la Nación, Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico, Edusuerte y la Red de Servicios de Occidente, concesionaria del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar en el departamento.
Durante la sesión se definieron acciones concretas para intensificar operativos, fortalecer los procesos judiciales y atacar los principales focos de juego ilegal, identificados en Barranquilla, Malambo, Sabanalarga, Soledad y Baranoa.
El asesor de despacho del gobernador del Atlántico, Armando de la Hoz, explicó que el trabajo coordinado permitirá avanzar en resultados más contundentes contra este delito.
“Hoy instalamos el primer comité del año contra el juego ilegal en el departamento del Atlántico con la participación de todas las fuerzas institucionales. Hemos definido acciones puntuales que nos permitirán seguir generando capturas y operativos contra quienes promueven esta actividad ilegal. Cada peso que se juega por fuera de la legalidad es un recurso que se le quita al sistema de salud y a la atención de miles de atlanticenses”, señaló.
Para el mandatario departamental, la prioridad es aunar esfuerzos para combatir esta modalidad de delitos en el Atlántico. Aseguró que lo que se busca es fomentar la cultura de legalidad, impulsar la recaudación de recursos para la financiación de la salud y fortalecer el control y vigilancia en las actividades de juegos de suerte y azar.
“Hemos realizado esfuerzos muy grandes para tener los mejores centros de salud, pero para todo eso se requiere de recursos. Estos pactos nos permiten asegurar inversiones para fortalecer nuestros hospitales con avances tecnológicos. Queremos la tranquilidad y seguridad para los habitantes de nuestro territorio”, señaló.
RECURSOS DE LA SALUD EN RIESGO
Las autoridades advirtieron que el juego ilegal genera un grave detrimento a las rentas departamentales destinadas a financiar la atención en salud, especialmente para la población más vulnerable.
El gerente de Edusuerte, Carlos Martínez, explicó que los recursos provenientes del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar son fundamentales para el sostenimiento del sistema.
“En el Atlántico cerca de 1.6 millones de personas pertenecen al régimen subsidiado de salud. En 2025 recibimos cerca de 15.000 millones de pesos provenientes de este sector para apoyar la atención de esta población. El juego ilegal reduce estos recursos y afecta directamente la financiación del sistema de salud”, indicó.
Durante el comité también se alertó sobre la existencia de más de 3.000 procesos judiciales relacionados con este delito, muchos de los cuales enfrentan riesgo de prescripción, por lo que se planteó solicitar formalmente el fortalecimiento del equipo de la Fiscalía para avanzar con mayor celeridad en los casos.
DELITO QUE ALIMENTA OTRAS ECONOMÍAS CRIMINALES
Las autoridades coincidieron en que el juego ilegal no solo afecta las finanzas públicas, sino que también financia otras actividades delictivas como extorsión, microtráfico y compra ilegal de armas.
Jhony Ángel Mena Herrera, representante legal de Servicios de Occidente, señaló que actualmente se han identificado diversas modalidades de juego ilegal en el departamento.
“Estamos enfrentando diferentes modalidades como el chance ilegal, apuestas deportivas clandestinas, casinos ilegales y plataformas digitales que operan por WhatsApp. Este fenómeno se ha convertido en un mecanismo para financiar otras actividades criminales que afectan la seguridad de los ciudadanos”, explicó.
COMPROMISOS INSTITUCIONALES
Como resultado del comité, las entidades participantes acordaron:
• Intensificar operativos y allanamientos contra redes de juego ilegal.
• Fortalecer la articulación con la Fiscalía para evitar la prescripción de procesos.
• Realizar acciones focalizadas en los municipios con mayor incidencia.
• Vincular a alcaldes y autoridades municipales en la estrategia territorial.
• Avanzar en estudios técnicos que permitan dimensionar el impacto económico del juego ilegal en el departamento.
La Gobernación del Atlántico reiteró que seguirá liderando esta estrategia institucional para proteger las rentas públicas y garantizar que los recursos lleguen a la salud de los atlanticenses.
El próximo comité se realizará en las próximas semanas con el fin de evaluar resultados y coordinar nuevas acciones operativas en el territorio.
