El Juez Primero Civil del Circuito de Barranquilla, Norberto Gari García, reiteró el 21 de enero de 2026, la medida cautelar que obliga a la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) a cumplir con el auto del 7 de noviembre de 2025. Esta medida suspendió provisionalmente la Resolución 001 de julio 22 de 2025, que expulsó a Alberto Ortiz Saldarriaga de su cargo como Fiscal, decisión tomada sin el debido proceso y en contravención de los derechos de los afiliados.
La resolución judicial deja al descubierto la falta de fundamento legal en las justificaciones presentadas por los directivos de ADEA, quienes, bajo la dirección del presidente de FECODE y candidato al senado, Domingo Ayala, intentaron desobedecer la orden vinculante del juzgado. Este desacato no solo afecta la integridad de la organización, sino que también pone en riesgo la confianza de los educadores en sus líderes.
El pronunciamiento del juzgado se produce tras la presentación de seis escritos por parte del demandante, quien alertó sobre el desacato por parte de ADEA. Esta situación configura la comisión del delito de fraude a resolución judicial e infracción grave al Código Disciplinario Único, lo que podría llevar a sanciones severas para los directivos involucrados.
Además, la inobservancia de la decisión judicial ha motivado una denuncia penal ante la Fiscalía 27 Local, lo que añade un nivel de gravedad a la situación. La Procuraduría General de la Nación también está al tanto de las quejas disciplinarias presentadas contra los directivos que han mostrado resistencia a cumplir con lo ordenado.
Por si fuera poco, la medida cautelar podría tener repercusiones sobre la Dirección Territorial Atlántico del Ministerio de Trabajo, que también ha sido acusada de desobedecer la orden judicial. Esta complicidad entre algunos directivos de ADEA y funcionarios del ministerio es inaceptable y podría desencadenar una investigación más profunda sobre la administración de la educación en la región.
La comunidad educativa espera que se restablezca el orden y que se garantice el respeto a los derechos de todos los afiliados, con la esperanza de que esta situación no solo se resuelva legalmente, sino que también sirva como un llamado a la responsabilidad y transparencia en la gestión de las organizaciones educativas.
