En la reciente reunión entre los gobernadores y el ministro del Interior, Armando Benedetti, se discutieron temas cruciales relacionados con la fiscalidad y la autonomía territorial. Uno de los puntos centrales fue la preocupación de los gobernadores sobre cómo los nuevos impuestos podrían afectar la recaudación necesaria para sus presupuestos. Benedetti aseguró que, en caso de que estos impuestos erosionen los ingresos de los departamentos, el gobierno nacional se compromete a asumir la compensación correspondiente para garantizar la estabilidad financiera de las regiones.
La conversación también giró en torno a la autonomía de los departamentos. Los gobernadores manifestaron su temor a perderla, a lo que Benedetti respondió citando la sentencia de la Corte Constitucional 414 de 2012. Esta sentencia establece que, en situaciones de crisis macroeconómica, es posible ajustar los impuestos sin que ello implique una vulneración de la autonomía territorial. El ministro subrayó que el gobierno nacional está dispuesto a actuar más enérgicamente contra el contrabando, una de las preocupaciones que afecta directamente los ingresos de los departamentos. Reiteró que la DIAN asumirá responsabilidad si el contrabando o la disminución del consumo impactan negativamente en los presupuestos locales.
Durante el encuentro, el ambiente fue cordial y constructivo. Los gobernadores, lejos de estar en conflicto, mostraron disposición para trabajar en conjunto. Aunque algunos medios habían descrito la situación como una «rebelión» entre los gobernadores, estos aclararon que nunca usaron tal término, señalando que las tensiones habían sido malinterpretadas. Con la aceptación del decreto de emergencia económica, los gobernadores se comprometieron a implementarlo, lo que marca un paso significativo para superar las diferencias existentes.
Además, se acordó que las mesas técnicas comenzarán de inmediato. Estas mesas serán fundamentales para facilitar el diálogo continuo entre el gobierno nacional y los departamentos, asegurando que todos los actores estén alineados en la implementación de las medidas acordadas. La voluntad de cooperación manifestada por ambas partes sugiere un camino hacia una gestión más efectiva y una relación más sólida entre el gobierno central y las regiones.
