El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) aclara que la reciente contratación de servicios especializados en sanciones financieras internacionales no es un hecho aislado ni responde a intereses individuales. Esta acción se enmarca en una práctica histórica y legítima del Estado colombiano para proteger sus intereses estratégicos en el ámbito internacional.
Desde 1938, el Estado ha recurrido a firmas especializadas en EE. UU. de manera regular y transparente, bajo diversas administraciones, para mejorar su interlocución internacional y gestionar riesgos financieros. Este contrato actual no tiene como objetivo la defensa personal del presidente ni de ningún funcionario, sino fortalecer la capacidad del Estado para anticipar y gestionar riesgos derivados de sanciones financieras internacionales.
Las medidas de entidades extranjeras, como la OFAC, son decisiones administrativas que, si no se manejan adecuadamente, pueden impactar gravemente al país. La modalidad de contratación utilizada está autorizada por la ley colombiana y justificada, dado que no existen ofertas nacionales con la experiencia requerida.
El DAPRE rechaza las interpretaciones que consideran esta contratación como anómala. Se trata de una decisión responsable y coherente con la historia del Estado colombiano. Proteger al país frente a riesgos internacionales es un deber de la administración pública. El DAPRE reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad, y está dispuesto a colaborar con los organismos de control y la ciudadanía.
