El expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, Alejandro Linares, ha interpuesto este martes una acción judicial urgente para solicitar la suspensión provisional del aumento del salario mínimo del 23,7 % para 2026. Linares argumenta que este incremento fue decretado por el Gobierno sin el diálogo necesario con los sectores empresariales y sindicales, un proceso que es habitual en la negociación salarial en el país.
En su acción de tutela, presentada como apoderado de un ciudadano, Linares sostiene que el aumento decretado por el presidente Gustavo Petro, a finales de diciembre de 2025, podría tener efectos inmediatos y perjudiciales en términos de empleo y en la viabilidad de las pequeñas empresas. La demanda, radicada ante un juez, cuestiona los decretos que establecen el salario mínimo mensual y el auxilio de transporte, fijados en dos millones de pesos (aproximadamente 538 dólares).
Linares alega que el Gobierno ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso al fijar el salario mínimo sin una evaluación adecuada de sus impactos económicos. Además, critica la falta de respeto hacia el mecanismo de concertación tripartita, que implica la participación del Estado, los empresarios y los sindicatos para definir el aumento salarial anualmente. Este proceso es esencial para garantizar que se tomen en cuenta las necesidades de todos los actores involucrados.
El exmagistrado advierte que la entrada en vigor de estos decretos desde el 1 de enero de 2026 genera un perjuicio inmediato para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para los trabajadores informales. Aumentar el salario mínimo de manera tan abrupta eleva significativamente los costos laborales, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de miles de negocios y podría llevar al despido de trabajadores.
El recurso judicial solicita al juez que suspenda temporalmente los efectos del aumento mientras se estudia una eventual suspensión provisional de los decretos. Linares sostiene que esta es la única vía judicial capaz de evitar un daño irreversible en el corto plazo. En paralelo, el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a las principales patronales de la industria colombiana, también ha solicitado a la Corte Constitucional que deje sin efecto el decreto que fijó el aumento del salario mínimo.
Asimismo, el Consejo Gremial pide que se anulen las medidas contempladas en el Decreto 1390 de 2025, que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia por 30 días, con el objetivo de abordar el déficit fiscal mediante medidas tributarias extraordinarias. Esta situación ha generado un amplio debate en el país, ya que el aumento del salario mínimo suele definirse a través de negociaciones entre centrales obreras y empresarios, mediadas por el Gobierno. Cuando no hay acuerdo, como ocurrió en diciembre pasado, es posible que el Ejecutivo fije el incremento por decreto.
La decisión de aumentar el salario mínimo ha sido criticada por diversos sectores que consideran que el incremento es excesivo. Al estar indexados a este salario los aportes a la seguridad social y otros costos, se teme que la medida impacte negativamente en la inflación y erosione los ingresos de los trabajadores, generando un efecto adverso en la economía nacional.
