La decisión del Gobierno nacional de trasladar cabecillas criminales a cárceles de Barranquilla ha desatado una fuerte controversia, especialmente en el contexto del proceso de «Paz Total» promovido por el presidente Gustavo Petro. Este movimiento ha generado preocupación entre senadores y gremios económicos, quienes ven en ello un riesgo para la seguridad de la región.
El senador Carlos Meisel se pronunció enérgicamente en su cuenta de X, cuestionando la medida. Afirmó que este traslado es una clara muestra del abandono que sufre el Caribe colombiano. “De tantas necesidades que tenemos, se le suma el retorno de actores peligrosos a nuestras tierras sin ningún logro concreto de su mal llamado proceso de ‘Paz Total’”, expresó. Meisel enfatizó la falta de garantías para la comunidad y la necesidad de priorizar la seguridad ciudadana.
En una línea similar, el senador Mauricio Gómez también expresó su descontento. Aseguró que mientras Barranquilla invierte recursos y esfuerzos en debilitar las estructuras criminales, el Gobierno parece estar trasladando a esos mismos actores “al corazón de la ciudad”. Gómez subrayó que esta decisión ignora a las víctimas de la violencia y socava el trabajo que se ha realizado para mejorar la seguridad. De hecho, manifestó su respaldo al alcalde Alejandro Char, advirtiendo que “la historia juzgará quién defendió a la gente y quién protegió a los delincuentes”.
Los gremios económicos no se quedaron atrás. Orlando Jiménez, presidente de Undeco, expresó su preocupación por el impacto de estas decisiones en el sector comercial, que ya enfrenta problemas de inseguridad y extorsión. “Estamos observando con atención lo que está sucediendo. La seguridad es fundamental para el bienestar de Barranquilla y su área metropolitana”, afirmó. Jiménez enfatizó que el encuentro de gremios tiene como objetivo exigir decisiones responsables y concertadas al Gobierno nacional.
El contexto actual es crítico, ya que Barranquilla busca consolidar avances en la lucha contra la criminalidad. La comunidad espera que las autoridades implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad ciudadana y ofrecer tranquilidad a comerciantes y ciudadanos. La situación ha llevado a un llamado a la acción, donde todos los actores involucrados deben trabajar conjuntamente para enfrentar los desafíos de seguridad que se presentan.
