En medio de una tormenta de críticas provenientes de diversos sectores de la sociedad, el Gobierno nacional enfrenta un fuerte rechazo por la decisión de trasladar a Barranquilla a los jefes de las bandas criminales Costeños y Pepes. Este movimiento ha desatado una ola de reacciones negativas, especialmente entre los ciudadanos que temen por la seguridad en la ciudad.
El presidente Gustavo Petro Urrego no tardó en responder a los reclamos del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. A través de un trino, Petro citó las preocupaciones expresadas por Char y aprovechó la oportunidad para atribuirse los logros en materia de seguridad en la ciudad. “No se le olvide, señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad. Lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, afirmó el mandatario, defendiendo su gestión ante las críticas.
Sin embargo, esta declaración ha generado aún más tensión. Una gran parte de la población barranquillera se opone al traslado de estas figuras criminales, argumentando que su presencia en la ciudad podría reactivar la violencia y la criminalidad. Los ciudadanos expresan su preocupación por la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas, cuestionando la efectividad de las políticas de paz del Gobierno.
La Administración nacional tiene planes de instalar una mesa de diálogo el próximo 20 de enero, donde se espera la participación de notorias figuras del crimen organizado, como Jorge Díaz, alias «Castor», y Digno Palomino, junto a un grupo de colaboradores de sus estructuras delictivas. Este encuentro busca abordar las tensiones entre las bandas y encontrar soluciones para reducir la violencia en la región.
Sin embargo, muchos ciudadanos y líderes locales ven esta iniciativa con escepticismo, argumentando que la inclusión de estos jefes criminales en diálogos podría darles legitimidad y afectar negativamente los esfuerzos por restaurar la paz y la seguridad en Barranquilla. La situación continúa siendo un tema candente en el debate público, con llamados a la acción para que el Gobierno reevalúe su estrategia y considere las preocupaciones de los ciudadanos.
