Tras ser aprobado en cuarto y último debate el proyecto de ley de los Acueductos Comunitarios por el Congreso, la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo, destacó el avance de la iniciativa porque se establece un marco jurídico especial para el fortalecimiento, protección y desarrollo de los gestores comunitarios del agua, reconociendo sus propias formas de organización, gestión y decisión.
“Celebramos la importante noticia de que la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico ha logrado, a través de un proceso de incidencia en el Congreso de la República, la aprobación unánime del proyecto de ley que reconoce la gestión comunitaria del agua en Colombia para el derecho al agua y bien común», dijo la viceministra.
Esta iniciativa fue elaborada en colectivo durante 8 años por las comunidades organizadas para la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico, agrupadas en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, y la Confederación Nacional de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento de Colombia (Cocsascol), las cuales fueron acompañadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
El proyecto, que pasa a sanción presidencial, minimiza los costos en los que tienen que incurrir los gestores comunitarios para su certificado de existencia y representación legal, habilitando que este proceso se pueda realizar también a través de las alcaldías municipales.
En este proyecto se establece un régimen de aportes a la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico, la tarifa comunitaria y los criterios especiales aplicables para dicho proceso.
Además, permite el monitoreo comunitario para que los gestores contribuyan a identificar posibles afectaciones en la calidad del agua de las fuentes hídricas de las que se abastecen.
Cabe resaltar que este proyecto de ley ha sido respaldado por unanimidad en el Congreso de la República y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, continuará con el acompañamiento constante a los gestores comunitarios en el trámite de la conciliación y posterior reglamentación de la ley, tras su sanción presidencial.
