Después de intensas discusiones, estudios y reuniones con la gobernación y los gremios de veteranos, hemos llegado a la plenaria de la asamblea donde se aprobó de manera definitiva el proyecto de política pública en el departamento del Atlántico. Esta política consiste en un conjunto de acciones integrales que buscan brindar eficiencia y eficacia a una serie de programas destinados a generar bienestar para los veteranos de la fuerza pública, incluidos miembros de la Policía Nacional, del Ejército Nacional y de las Fuerzas Armadas.
A través de estos programas, se busca no solo el reconocimiento de sus derechos, sino también la reivindicación de su legado. Estas son personas que han defendido la patria por tierra, mar y aire, y que, lamentablemente, aún no reciben la atención adecuada por parte de la administración pública. Este proyecto no solo se dirige a ellos, sino también a sus familias, quienes comparten su sacrificio.
La reciente ordenanza abre una ruta institucional clara para el departamento, a través de un enlace en la Secretaría del Interior, que permitirá atender a los veteranos de manera organizada y respetuosa, evitando que se sientan como si estuvieran pidiendo limosna.
Según un censo de las asociaciones de veteranos, se estima que alrededor de 30,000 veteranos residen en el departamento del Atlántico. Es fundamental que se les brinde el apoyo que merecen, reconociendo su valioso servicio a la nación.
