En manto de dudas se extiende sobre la actual administración del ESE UNA, liderada por Pablo Alberto de la Cruz, quien el día 10 de febrero incumplió con su asistencia a un encuentro previsto entre funcionarios de la Gobernación del Atlántico, proveedores del sector y trabajadores, para una mesa de trabajo en la que se iba a analizar la crítica situación financiera que atraviesa la entidad.
Su presencia era vital para justificar la estrategia que planeó para mejorar la oferta de servicios, las contrataciones, el cobro y la recuperación de cartera; ante lo que parece ser una gerencia poco transparente.
De acuerdo con información publicada por el Adress, sobre el giro a prestadores por factura, desde que de la Cruz llegó a la gerencia ha recibido más de $60 mil millones por concepto de pagos realizados por las EPS, sin embargo, tiene retrasados millonarios pagos a trabajadores y proveedores, los cuales podrían dejar de operar en cualquier momento ante la falta de flujo de recursos.
La diputada Alejandra Moreno conoció también que el gerente no cumplió con la entrega del informe de Saneamiento Fiscal que la Superintendencia de Salud le solicitó, cuyo plazo último de entrega se venció el pasado 31 de diciembre. Es importante tener en cuenta que ya en el año 2023, la misma SuperSalud había detectado 40 anomalías en la operación de la ESE Universitaria del Atlántico.
“Lo que inició como una solución para el mejoramiento de salud y ampliación de cobertura, se convirtió en un problema de grandes dimensiones que atenta contra los derechos laborales de sus trabajadores e incumple a proveedores. Hay una red hospitalaria débil y no se ve solución inmediata”, aseguró la diputada Alejandra Moreno.
Sin respuestas a preguntas de obligatoria respuesta, el camino al que parece conducir esta situación es la intervención por parte de la SuperSalud, en medio de un necesario plan de recuperación por la dignidad de los trabajadores y de los pacientes atlanticenses.
